El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentará su informe de gobierno este domingo, en medio de controversia política y judicial. García solicitó a la Comisión Anticorrupción del Congreso local la suspensión total del juicio político que se sigue en su contra por señalamientos de presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia. La solicitud fue incluida en un extenso documento de 254 páginas bajo la figura de “ad cautelam”, es decir, de manera precautoria, en el que el mandatario contestó al requerimiento legislativo sin reconocer la competencia de la comisión ni la validez del procedimiento en su contra. Este proceso se abrió a raíz de una denuncia que acusa irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración, lo que ha generado una intensa discusión entre los diferentes grupos políticos del estado.
En el documento presentado, Samuel García pidió expresamente que la Comisión Anticorrupción se declare incompetente para conocer y continuar con el caso, argumentando que dicho órgano carece de atribuciones materiales, orgánicas y constitucionales para procesarlo. Además, solicitó que se resuelvan primero las cuestiones legales que, según su defensa, ameritan un pronunciamiento previo y especial antes de entrar al análisis de fondo del caso. García enfatizó que su respuesta es cautelar, para evitar que se le acuse de no atender los requerimientos, pero sin que ello implique sumisión o aceptación de la competencia de la comisión. El gobernador también señaló que el procedimiento viola el artículo 203 de la Constitución local, haciendo referencia a una declaratoria de invalidez previamente pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 31/2023.
La figura “ad cautelam”, central en la estrategia del gobernador, implica que se responde a las autoridades por precaución y sin aceptar necesariamente la validez del acto reclamado. Samuel García expuso en su escrito que comparece “en tiempo y forma, y de manera cautelar (ad cautelam), a rendir el Informe que se me solicita”, subrayando que esta acción no debe interpretarse como aceptación de competencia ni reconocimiento de la validez del procedimiento. En el mismo documento, García dejó constancia de que se reserva el derecho de impugnar todos y cada uno de los aspectos y vicios que considera afectan el proceso legislativo, solicitando también que se suspenda el juicio político en todas sus etapas y efectos hasta que se resuelvan las cuestiones legales de previo pronunciamiento.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León confirmó la recepción del informe del gobernador y anunció que será revisado durante la semana. Armida Serrato, presidenta de la comisión, informó que debido a la presencia de datos personales, la Diputación Permanente deberá enviar una versión pública del documento para su análisis. Serrato calificó la respuesta de García como presentada “en rebeldía y ad cautelam”, de acuerdo con los alegatos del propio gobernador, y anunció que se revisarán las pruebas entregadas, además de que podrían solicitar información a empresas presuntamente involucradas en la investigación. Por otra parte, Samuel García solicitó que se le asignara un defensor público, argumentando no contar con abogado, petición que fue rechazada por la comisión al considerarse improcedente en este contexto legislativo.
El procedimiento de juicio político contra Samuel García se inició tras una denuncia por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos relacionados con familiares del mandatario. Sin embargo, hasta el momento, el caso se mantiene en el ámbito legislativo y no existe sentencia judicial, por lo que prevalece la presunción de inocencia. Desde Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador, se ha cuestionado la legalidad y motivación política del proceso, mientras que legisladores de oposición sostienen que el análisis continuará conforme a los cauces institucionales. Cabe destacar que un juicio político no implica destitución automática del cargo, pues requiere varias etapas de revisión y una mayoría calificada en el Congreso para avanzar hacia una eventual separación del gobernador, quien por ahora permanece en funciones.
