El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha confirmado su intención de solicitar un financiamiento adicional de 10,000 millones de pesos para el año 2027, con el objetivo de mejorar la seguridad en el estado. Durante su intervención en la mesa de seguridad que se lleva a cabo en el nuevo edificio de Fuerza Civil, García subrayó la necesidad de recursos adicionales para fortalecer la Fiscalía General del Estado y brindar apoyo a los municipios en esta área crítica.
A lo largo de los últimos cinco años, Nuevo León ha experimentado un aumento en su posición en el ranking nacional de homicidios, pasando del cuarto al lugar 24. El mandatario atribuyó esta caída a la falta de presupuesto adecuado, lo que ha limitado la capacidad de su administración para implementar estrategias efectivas en materia de seguridad. Según García, contar con más recursos podría revertir esta tendencia y establecer al estado como uno de los más seguros del país.
García criticó la negativa del Congreso local a aprobar los presupuestos solicitados por su administración, lo que considera perjudicial no solo para su gobierno, sino también para el propio Poder Legislativo. En su opinión, esta falta de apoyo legislativo está directamente relacionada con el aumento en la incidencia delictiva, y expresó su frustración ante la situación al señalar que “sin presupuesto y con Congreso en contra”, la seguridad del estado se ha visto comprometida.
Con la intención de abordar la situación fiscal y la necesidad de un presupuesto adecuado, el gobernador anunció una serie de reuniones con líderes de grupos legislativos y representantes de los tres poderes del estado, programadas para los próximos días. Estas conversaciones buscan esclarecer que su administración ha evitado endeudarse de manera excesiva, a pesar de las acusaciones en contrario, y que la falta de aprobación de presupuestos ha limitado la posibilidad de solicitar financiamiento adicional.
El gobernador también hizo hincapié en su compromiso de mantener una política de bajo endeudamiento, a pesar de que existe la opción legal de solicitar un mayor financiamiento. Aunque podría solicitar hasta un 15 por ciento de libre disposición, lo que equivaldría a aproximadamente 17,000 millones de pesos, García ha manifestado que su intención es solicitar un porcentaje menor para cerrar su administración con un nivel de deuda bajo, asegurando que su legado será el de un gobierno que priorizó la responsabilidad fiscal.
